El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, aseguró este viernes que persisten los homicidios y las amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en zonas que han dejado las Farc. 

Desde Barrancabermeja,  el funcionario sostuvo que la Entidad, a través del Sistema de Alertas Tempranas, ha solicitado se fortalezcan las medidas de seguridad y prevención para evitar que los grupos ilegales vulneren los derechos de la población civil por la posibilidad de homicidios, amenazas, extorsiones, desplazamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes.

Negret Mosquera advierte un escenario de riesgo para líderes sociales en Barrancabermeja por la acción de presuntos grupos armados ilegales y organizaciones criminales, entre ellos el frente “Luis Alfonso Echeverría”, de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que también actúa en los municipios de Puerto Wilches (Santander); San Pablo y Cantagallo (Bolívar).

Según esta misma información, las AGC están vinculando combos y bandas barriales conformadas por jóvenes entre 15 y 25 años en el puerto petrolero. El interés de este grupo es fortalecer el control sobre los circuitos económicos ilegales, a través de la extorsión y el tráfico de estupefacientes. En lo relacionado con las extorsiones, estas se realizan en la zona urbana en contra de comerciantes, tenderos y transportadores que, por temor a retaliaciones, no formulan las denuncias.

Pese a las advertencias realizadas por la Defensoría y el despliegue de acciones por parte de las autoridades en varias regiones del país, la Entidad ha constatado que la situación de riesgo persiste. Hasta el 5 de julio de 2017 se han reportado 52 homicidios contra líderes y defensores de derechos humanos en el presente año, con lo cual el consolidado de homicidios entre el 1 de enero de 2016 y el 5 de julio de 2017 es de 186 casos.

El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, se mostró preocupado por los cinco homicidios selectivos contra miembros de las Farc que se han presentado durante el proceso de dejación de armas y reincorporación, pese a los esfuerzos del Gobierno para brindarles protección ante las acciones de grupos armados ilegales que buscan atentar en contra de sus derechos.

La Regional Magdalena Medio de la Defensoría registró 17 quejas por amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016. A 12 de julio de 2017, la Entidad ha registrado cinco quejas por amenazas contra éste grupo poblacional. En los últimos 19 meses se contabilizan 22 amenazas en esta zona de Colombia.